Concejales avalan el proyecto para adherir a la Ley Provincial de Riesgo


Concejales de la comisión de Legislación General avalaron un proyecto de ordenanza para que el municipio capitalino adhiera a la Ley Provincial de Riesgo.

Reunión de la comisión de Legislación General. Foto: Prensa Institucional.

Reunión de la comisión de Legislación General. Foto: Prensa Institucional.

La norma tiene como objetivo principal, incorporar el enfoque de riesgo en las políticas de planificación y desarrollo territorial de la Provincia de Neuquén.

En el artículo 6 crea la Red Provincial de Riesgo como el conjunto de interacciones, procedimientos, políticas, acciones, actividades e instituciones y establece los alcances a todos los organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado Provincial, incluyendo a los municipios y comisiones de fomento que adhieran a la misma.

Por otra parte, la comisión emitió despacho de un proyecto de ordenanza que establece que las escuelas de conducir vehículos deberán cumplir con los requisitos fijados en la Ley Nacional de Tránsito.

Entre las obligaciones a figuran los siguientes puntos: Los establecimientos en los que se enseñe conducción de vehículos deben poseer habilitación de la autoridad local, contar con Instructores Profesionales, contar con un Representante Técnico con título de Técnico Superior o Licenciado en Seguridad Vial o Perito en Accidentologia Vial, tener vehículos de las variedades necesarias para enseñar en las clases para las que fue habilitado, exigir al alumno una edad no inferior en más de seis meses al límite mínimo de la clase de licencia que aspira obtener y no tener personal, socios o directivos vinculados de manera alguna con la oficina expedidora de licencias de conducir de la jurisdicción.

En cuanto a los instructores deberán poseer una matrícula profesional emitida por la autoridad competente, debiendo exigirse a cada aspirante que posea habilitación para conducir en la clase de licencia “C”, que acredite buena conducta y que apruebe el examen reglamentario de idoneidad especial.

También tuvo despacho un proyecto que exige que en los supermercados se brinde asistencia especial a personas con discapacidad visual o motriz para que puedan acceder a los productos que desean adquirir. Caso contrario, el comercio será sancionado con multas de 500 a 2000 módulos y no se admitirá el pago voluntario.

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