Confirmaron el procesamiento con prisión preventiva para De Vido por la causa Río Turbio


El exministro de Planificación del kirchnerismo permanecerá detenido en el penal de Marcos Paz. Además, se le impuso un embargo por $250 millones.

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves la detención del ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, y su procesamiento con prisión preventiva en la causa Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

De esta manera, el diputado nacional sin uso de fueros seguirá preso en la cárcel de Marcos Paz y a su defensa le quedará recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal.

De Vido está procesado con prisión preventiva por “administración fraudulenta” a raíz del desvío de $265 millones de fondos públicos destinados a la reconversión de la mina y a un tren turístico.

Los camaristas de la sala II del Tribunal de Apelaciones Farah e Irurzun confirmaron el procesamiento con un embargo de $250 millones, pero el primero votó en minoría por concederle la excarcelación y revocar la prisión preventiva.

Desempató el camarista Leopoldo Bruglia de la sala I, quien votó junto con Irurzun por rechazar la excarcelación y confirmar la prisión para el ex ministro.

Para los jueces Irurzun y Bruglia la investigación a cargo del juez federal Luis Rodríguez “se encuentra en pleno y constante avance” con “múltiples medidas directamente enfocadas al quehacer ilícito que se reprocha” a De Vido.

En su voto, Irurzun remarcó que la decisión de detener a De Vido no se tomó de manera exclusiva por el cargo que tenía como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados ni por su condición de diputado de la Nación, sino por “un cúmulo de circunstancias que acreditaban concretos indicios de entorpecimiento”.

Sobre todo “continúa siendo objeto de investigación el destino que habrían tenido los fondos públicos comprometidos, cuya ubicación y recuperación es -por su naturaleza- uno de los objetivos prioritarios”, remarcó el camarista.

Para Bruglia, los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación “se mantienen incólumes e impiden la soltura” de De Vido.

Ambos camaristas aludieron a un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera incorporado a la causa, “del cual surge la necesidad de avanzar en derredor de los aspectos económicos allí relevados, en particular, en relación al seguimiento de los cheques librados por la Fundación Facultad Regional Santa Cruz a una de las empresas que tendría directa relación con una persona” del “grupo familiar primario” del detenido De Vido.

Además, Bruglia remarcó que De Vido tiene una “excepcional situación judicial” con “multiplicidad de causas” en su contra con “expectativa de penas, que en caso de recaer condena unificada, no podrían dar lugar a la aplicación de una pena de ejecución condicional”.

De Vido “poseería los medios económicos suficientes y contactos personales forjados a lo largo de su extensa carrera política, que podrían facilitarle el intento de eludir este accionar de la justicia o entorpecer la recepción de prueba en el proceso judicial en trámite”, agregó.

A la hora de confirmar el procesamiento por Rio Turbio, en un voto unánime Farah e Irurzun entendieron que De Vido, “en abuso de sus funciones, comprometió los intereses confiados al avalar la utilización de los convenios entre Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y la Facultad Regional Santa Cruz y Fundación Facultad Regional Santa Cruz a partir de los cuales se canalizaron los fondos que implicaron un lucro indebido generando un menoscabo al patrimonio estatal y un detrimento sostenido del complejo minero”.

Además, dieron por probado que De Vido “estaba en permanente contacto con la actividad que realizaba la ‘unidad ejecutora’ YCRT” y los encargados “prestaban funciones dentro de la órbita de dependencia directa de De Vido”.

Irurzun recordó que todo partió de un plan de inversión puesto en marcha a partir del “trágico suceso en el que perdieron la vida 14 mineros en el 2004” con el objetivo de cuadriplicar la producción y construir dos usinas para producir 240 megavatios y esto “se vio desdibujado”.

Para los camaristas, hubo una “desnaturalización” de los acuerdos celebrados con la Universidad y se usaron para “evadir los controles con miras al desvío de los fondos públicos asignados”.

Además, el Estado Nacional pagó un “sobrecosto injustificado” en comisiones fijadas en los convenios.

La responsabilidad de De Vido emerge del “uso que se dio a las millonarias sumas dispuestas para la concreción del “ambicioso proyecto”, concluyó la Cámara.

De Vido fue detenido en esta causa tras el desafuero parlamentario y luego quedó además procesado con prisión preventiva en otra pesquisa por la compra de buques de gas licuado.

Además, es juzgado por la tragedia del tren de Once y está procesado en la causa por fraude en la obra pública en Santa Cruz. También se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

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