“Democratizar la Justicia”: Un nuevo atropello / Por Marcelo Inaudi


DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA”: UN NUEVO ATROPELLO

Por Marcelo Inaudi

Otra vez las instituciones de la República son avasalladas. Nuevamente, el gobierno nacional pone de manifiesto su férrea voluntad de someter, no ya a dirigentes opositores o medios de comunicación, sino al único poder del estado que le restaba colonizar: el Poder Judicial.

La Presidenta ya maneja a su antojo el Poder Ejecutivo exhibiendo un relato oficial de su gestión con índices cuidadosamente elaborados por Guillermo Moreno y su séquito, que nos hablan de una prosperidad nunca vista. Comanda también un Poder Legislativo que oficia de mera escribanía ratificadora de los proyectos y los debates que se dan en los ámbitos reservados de la Casa Rosada y la residencia de Olivos, y no en el Parlamento. “No vamos a aceptar modificaciones”, aseveró Aníbal Fernández, con relación al paquete de leyes remitido, desnudando de manera cristalina, y sin ponerse colorado, el rol que se le asigna al Senado que él integra.

Resta la colonización del Poder Judicial, tarea para la cual se buscó un título rimbombante: “democratización de la justicia”. Pero la puesta en escena no se limitó al título. Se anunciaron cuestiones compartidas por muchos: declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del estado, exámenes públicos y sorteos por Lotería Nacional para ingresar al poder judicial, publicidad obligatoria por internet de todas las causas, inclusive se habló del pago del impuesto a las ganancias de parte de los jueces.

Detrás de estos postulados que pueden compartirse, se esconden las verdaderas intenciones: la reforma del Consejo de la Magistratura, elevando nuevamente sus integrantes de 13 a 19 (la propia Presidente en sus épocas de Senadora los disminuyó de 20 a 13, en el año 2006). Se propicia la modificación de las mayorías requeridas para designar y remover jueces (de dos tercios –que no tiene el gobierno- a mayoría absoluta –que sí tiene el gobierno-) y la elección popular de los representantes, que deberán ser postulados por los partidos políticos. Existirán por ende, jueces camporistas, peronistas federales, radicales y comunistas. Serán motivo de una gran curiosidad las sentencias que dicten estos magistrados mientras estén de campaña, y quién las financiará.

Con el objeto de “alivianarle el trabajo a la Corte”, se crean Cámaras de Casación, que operarán como “filtros” para entorpecer en los hechos, el acceso al máximo Tribunal. En noviembre del año 2012 se votó el “per saltum”, buscando exactamente lo contrario, agilizar el acceso a la Corte. Claro que en el medio, fallo de la Corte mediante, ocurrió el fiasco del “7D”, cuando se buscó –infructuosamente- el desguace del grupo Clarín.

Y para culminar la faena, se propicia el retaceo de las medidas cautelares contra el Estado, colocando a los ciudadanos en un virtual estado de indefensión cuando debe enfrentar –precisamente- al mayor productor de arbitrariedades. Por pensar en cómo perjudicar al grupo Clarín, se atropellan los derechos de miles de argentinos que, por el corralito, o en los pleitos contra el Anses por ejemplo, lograron proteger debidamente sus derechos. La Justicia debe intervenir como garantía del ciudadano, no del gobierno.

En síntesis; no se puede, calculadora en mano, manosear las instituciones de esa manera buscando someter al poder republicano por excelencia. No se puede utilizar el Congreso para poner de rodillas a los jueces, ni para acomodar a conveniencia del gobierno las mayorías requeridas en el Consejo de la Magistratura. Es imposible una justicia democrática, con jueces adictos o temerosos. Quienes más temen a los jueces independientes, son los corruptos.

Marcelo Inaudi es abogado. Actualmente tiene el cargo de secretario de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, fue diputado provincial (UCR), y se postula al cargo de Senador por la Provincia en las elecciones de este año.

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