Cinco allanamientos simultáneos se llevaron a cabo esta mañana en el marco de una investigación por estafas con planes sociales en Neuquén. Ricardo Soiza, exdirector del área, fue detenido, mientras que se libró orden de captura contra Marcos Osuna y Néstor Pablo Sanz, exfuncionarios. Detalles revelados por los fiscales a cargo del caso.
En una importante operación realizada en la mañana de hoy, se llevaron a cabo cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Neuquén, en el marco de una investigación que busca desarticular una red de estafas relacionadas con planes sociales. Como resultado de estos operativos, se logró la detención de Ricardo Soiza, quien ocupaba el cargo de director del área y era considerado uno de los principales involucrados en la causa.
Además de la detención de Soiza, se libró una orden de captura para Marcos Osuna, exjefe del departamento de Gestión de Programas, y Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización. Ambos exfuncionarios no fueron encontrados en sus domicilios durante los allanamientos. Las autoridades a cargo de la investigación sospechan que podrían estar intentando eludir la acción de la justicia.
En relación a estos acontecimientos, los fiscales jefe Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez brindaron detalles sobre el avance de la investigación. Según Narváez, se espera avanzar con el pedido de prisión preventiva para Soiza hasta el inicio del juicio, y se tomarán medidas similares si se logra la captura de Osuna y Sanz.
El fiscal destacó que aún restan cuatro meses de investigación por delante, pero aseguró que antes de noviembre presentarán el pedido de juicio, que marcará un hito importante en el desarrollo de esta causa. Narváez explicó que las detenciones fueron ordenadas debido al peligro de entorpecimiento, ya que las declaraciones tomadas esta semana revelaron que los implicados habrían ocultado evidencia desde el inicio de la investigación.
El fiscal hizo hincapié en que, si bien hay otros implicados en la causa, Soiza, Osuna y Sanz son los únicos que han mostrado actitudes sospechosas hasta el momento. Según las investigaciones, estos tres exfuncionarios habrían obligado a los empleados a extraer dinero de los beneficiarios de los planes sociales para luego quedarse con una parte del mismo.
Las primeras maniobras fraudulentas denunciadas el año pasado involucraron el uso indebido de tarjetas de débito, detectándose retiros realizados con las tarjetas de los beneficiarios, quienes solo recibían una pequeña fracción del monto. Posteriormente, se descubrió que se emitían cheques oficiales a favor de empleados de la oficina de planes sociales, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Dichos cheques eran endosados a terceras personas que los cobraban o los depositaban en cuentas bancarias.
En noviembre del año pasado, se formularon cargos relacionados con estas estafas, y la falta de avances en la investigación fue objeto de críticas por parte del gobernador electo, Rolando Figueroa. En una entrevista exclusiva con Diario RÍO NEGRO, Figueroa expresó su preocupación y la necesidad de cambios en el sistema judicial para poder llevar ante la justicia a los responsables de estos delitos.
Al ser consultado sobre las declaraciones del gobernador electo, el fiscal Narváez negó cualquier tipo de vinculación y afirmó que la investigación ha ido avanzando de manera compleja desde el primer día en que se recibió la denuncia. Según Narváez, recientemente se obtuvieron novedades que permitieron realizar las detenciones y presentar los cargos correspondientes ante el juez a cargo del caso.
Los principales imputados en esta causa son Ricardo Nicolás Soiza, quien fue imputado como jefe de la asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación mediante el uso de tarjetas de débito obtenidas de manera fraudulenta. También están imputados Néstor Pablo Sanz, acusado como partícipe de la asociación ilícita, y Marcos Ariel Osuna, cuya situación es similar a la de Sanz. Según informó el fiscal Vignaroli durante la audiencia de formulación de cargos, se descubrió que en las cuentas bancarias de Osuna se realizaron depósitos millonarios en los últimos dos años, cuyo origen no ha sido esclarecido.
Además de los exfuncionarios mencionados, hay ocho exempleados del Ministerio imputados como reclutadores y otros tantos como extractores en esta trama de estafas con planes sociales.
La investigación continúa avanzando y se espera que en los próximos meses se reúnan más pruebas y testimonios que refuercen las acusaciones contra los involucrados. Las autoridades judiciales y fiscales han destacado la importancia de llevar adelante este caso de manera transparente y contundente, con el objetivo de combatir la corrupción y garantizar la correcta utilización de los recursos destinados a los programas sociales en la provincia de Neuquén.
