Diego Lagomarsino quedó procesado como partícipe necesario en el homicidio de Alberto Nisman


El perito informático estaba siendo entrevistado en un canal de televisión cuando le informaron la decisión del juez Julián Ercolini.

El juez federal Julián Ercolini procesó hoy a Diego Lagomarsino, un técnico informático que trabajó ocho años para Nisman, como presunto partícipe necesario del asesinato del fiscal, agravado por uso de arma de fuego.

Lagomarsino fue quien le dio a Nisman una pistola calibre 22 de su propiedad con la que se efectuó el disparo que lo mató. Antes de su procesamiento, el técnico informático manifestó en declaraciones periodísticas que el fiscal le había pedido prestada el arma porque temía por su vida y la de sus hijas.

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 en su baño, cuatro días después de denunciar a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a los iraníes acusados del ataque a la AMIA que dejó 85 muertos.

Durante casi tres años la justicia investigó el caso como muerte dudosa hasta que un reciente peritaje de la Gendarmería determinó que Nisman fue asesinado por dos personas que lo golpearon y drogaron para situarlo posteriormente frente a la bañera y luego descerrajarle un tiro en la sien derecha.

“Lagomarsino le habría aportado el arma en cuestión a quienes ejecutaron de mano propia la muerte de Nisman”, sostuvo el juez en un dictamen publicado en el centro de información judicial.

Para el magistrado, que el arma en cuestión estuviera registrada a nombre de Lagomarsino, una persona estrechamente relacionada a la víctima, “se vincula directamente con la intención del o de los autores materiales de disimular la muerte violenta de Nisman en un suicidio”.

Agregó que “la estrecha relación que unía a Lagomarsino con Nisman le permitió conocer y aportar datos esenciales que aseguraron la forma en la que se llevó a cabo el homicidio”.

Nisman denunció que un acuerdo firmado en 2013 por el gobierno de Fernández e Irán con el alegado propósito de avanzar en la investigación del atentado de 1994 era en realidad una pantalla para garantizar la impunidad de los exfuncionarios y exdiplomáticos iraníes acusados. Fernández, actual senadora, considera a la acusación un disparate jurídico.

A principios de diciembre, un juez federal procesó a Fernández y a otros exfuncionarios y allegados por el delito de traición a la patria, el delito más severamente castigado por la ley argentina.

Lagomarsino no irá a prisión, pero tiene prohibido salir del país y de alejarse de su domicilio durante 24 horas sin aviso. Además, continuará utilizando un dispositivo de monitoreo GPS (tobillera) que se le colocó a principios de noviembre.

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