Diputados proponen crear un comité para manejar la crisis institucional en la Argentina


El bloque de diputados del Peronismo para la Victoria, que integra la diputada rionegrina Silvia Horne, presentó un proyecto de ley para la creación del Comité de Crisis y Plan de Medidas Transitorias frente a la Crisis que tenga el poder de dictar un conjunto de medidas, con carácter excepcional, y en virtud de las grave situación económica, social, educativa, científica, cultural, tecnológica y política que imperan en todo el territorio nacional.

Proponen que esté integrado por las asociaciones sindicales de trabajadores, CGT y CTA, organizaciones empresariales y agropecuarias, organizaciones sociales y de la economía popular y empresas autogestionadas, la Iglesia, el Poder Legislativo, los partidos con representación parlamentaria, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo; presidente de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Hacienda y el ministro de Desarrollo Social.

Las medidas transitorias que están proponiendo son el congelamiento por 9 meses de las tarifas de servicios públicos, de la Canasta Básica, del transporte público urbano, de los alquileres, de los medicamentos y un aumento del 100% de los programas sociales Asignación Universal por Hijo, Hacemos Futuro y Salario Social Complementario.

“El proyecto se presentó en un contexto de preocupación frente a la situación que atraviesa nuestra nación y, como representantes del pueblo, queremos proponer una serie de medidas que, entendemos, buscan brindar soluciones frente a la compleja realidad en que vivimos. Ahora bien, de nada servirán dichas medidas si las mismas no son consensuadas y coordinadas desde todos los sectores sociales, políticos y económicos de nuestro país. Es por ello que proponemos la conformación de Comité de Crisis”, sostienen los diputados.

Destacan que “la agenda mediática de estos días ha sido dominada principalmente por el valor del dólar que ha escalado rompiendo récord continuamente, que puede ser símbolo de impericia o sólo la externalización de una decisión política. Sin omitir juicio de lo anterior, la historia económica demuestra que una devaluación tiene un correlato directo con la inflación, sobre todo en nuestro país”.

“El camino elegido queda de manifiesto cuando vuelve a aparecer en escena el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, para no entrar en la polémica por las buenas o malas intenciones del organismo, propone expresamente en su comunicado de prensa del 29 de diciembre de 2017 con respecto a la Argentina: ”[…] es esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado rápidamente en los últimos años, en particular salarios, pensiones y transferencias sociales”. Ahora bien, estas medidas no han traído calma y orden a aquellos países donde se han aplicado, siendo el peor ejemplo Grecia, o aquí mismo, cuyas consecuencias se vieron identificadas con la crisis de 2001”, expresan los diputados.

Señalan también que “desde el inicio de la gestión macrista Argentina fue el país de Latinomérica que “más subió esta relación de tarifas vs salario mínimo, pasando de un cómodo último puesto con el 6%, al tercer lugar con el 21%. Esta explicación cae de maduro si tenemos en cuenta la suba promedio de tarifas desde principios de 2016, dónde la electricidad y el gas lo hicieron en un 930% y 920% respectivamente, el agua casi un 700%, los peajes poco más del 450%, trenes y colectivos de corta distancia más de un 200% y el subte más del 60%”.

“Estos aumentos son una consecuencia obvia de la decisión política del Gobierno Nacional de trasladar el costo de los servicios públicos a los consumidores”, concluyen los diputados nacionales.

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