Dos fiscales solicitaron embargos millonarios para Cristina y ex funcionarios


Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques le solicitaron al juez federal Julián Ercoloni el embargo y tasación de más de 140 inmuebles, además de la apertura de cajas de seguridad vinculadas con la ex presidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios de su Gobierno procesados en la causa por presunto fraude y direccionamiento en la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez.

En su presentación, los fiscales le solicitaron al magistrado que “disponga las medidas necesarias para que se proceda a afectar al embargo preventivo decretado en autos los bienes que (…) se encuentran registrados a nombre de la ex presidenta” Cristina Kirchner, además de los pertenecientes a Báez, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas José López; al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Kirchner; al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros; “así como también, los bienes que han sido cedidos a título gratuito” por la ex mandataria a favor de sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner.

Según indicaron, se trata del embargo de 145 inmuebles, 42 automóviles, 2 embarcaciones, 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades de quienes han sido procesados y su situación procesal ha sido confirmada por la Cámara Federal.

“Asimismo, con el objeto de evitar que sobre los activos a resguardar se produzca un deterioro que conspire contra la garantía patrimonial que su cautela pretende salvaguardar, solicitaremos que se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables, como así también el depósito en el Banco Nación de los productos bancarios inmovilizados a embargar, constituyéndose plazos fijos de renovación automática”, indicaron en su pronunciamiento.

“A fin de profundizar la investigación patrimonial y conocer la existencia de mayor cantidad de bienes a cautelar”, solicitaron a Ercolini que ordene “la apertura de las cajas de seguridad franjadas, el inventario y secuestro de su contenido y el inmediato embargo de aquellos bienes de valor pecuniario que se encontraren en su interior”.

Además, con el objeto de cuantificar con precisión el valor de los bienes cautelados y evaluar el grado de satisfacción del monto de embargo decretado, pidieron que, paralelamente a las medidas cautelares propuestas, “ordene la tasación de los bienes que serán embargados”.

“Sumado a ello, en atención a que el eventual decomiso a dictarse podrá ser decretado también contra las personas jurídicas beneficiadas por el delito y en cuya representación actuaron los autores, pediremos que disponga la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre las acciones de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto Construcciones, Gotti, y sucesión de Adelmo Biancalani SA, como así también respecto de la firma K-SANC SA”.

Respecto a los activos pertenecientes a Cristina Kirchner, los fiscales basaron su pedido en el su inmueble de El Calafate, además de tres cajas de ahorro en el Banco Galicia, mientras que el resto del embargo requerido recae en Máximo y Florencia Kirchner, quienes –por la cesión de la ex presidenta– son quienes actualmente detentan la titularidad del resto de los bienes de la familia.

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