Duro informe de Human Rights Watch sobre Formosa por los centros de aislamiento y la represión policial


Para el organismo internacional, Gildo Insfrán adoptó medidas “abusivas e insalubres”. También cuestionó las restricciones a la libertad de expresión.

Human Rights Watch (HRW) emitió un duro informe sobre la situación en Formosa, a raíz de las medidas adoptada para contener los contagios de coronavirus, a las que consideró “abusivas e insalubres”, en relación a la situación en los centros de aislamiento. El documento, que también cuestiona la restricción al trabajo del periodismo independiente y el empleo excesivo de la fuerza en las protesta conta Gildo Insfrán, es acompañado por los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins.

“Las autoridades provinciales también han restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”, cuestionó asimismo el organismo internacional.

En reiteradas oportunidades, el presidente Alberto Fernández defendió la gestión de la pandemia del gobernador. Lo mismo hizo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que descartó violaciones a los DDHH en esa provincia.

El informe destaca que desde abril de 2020, más de 24.000 personas fueron obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias.

“Las autoridades de Formosa han mantenido a algunas personas con resultados positivos de Covid-19 junto con otras que tenían resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí”, indicó la entidad en el documento.

“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al Covid-19”, expresó Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de la Universidad Johns Hopkins. “Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”.

Entre enero y marzo de 2021, HRW entrevistó por teléfono a 45 personas, 30 de ellas habían estado confinadas en centros de aislamiento. El resto, médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias y accedieron a dar su testimonio con la condición de que no se divulgarán sus nombres. Algunos, empleados públicas, temían perder su trabajo.

“Las autoridades de Formosa a menudo han incumplido sus propios protocolos”, sentenció el organismo y agregó: “Si bien las condiciones en los centros de aislamiento y cuarentena varían, la mayoría de los entrevistados describieron estos lugares como insalubres y hacinados. En algunos centros de cuarentena, las personas compartían habitaciones y espacios comunes, incluidos baños”.

“Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo. Asimismo, mezclaron personas con resultados de test positivos con otras cuyo resultado era negativo o que aún esperaban sus resultados. El gobierno de Formosa sostiene que hay personal médico y de enfermería asignado en forma permanente a centros de aislamiento y cuarentena, pero varios entrevistados afirmaron que tuvieron acceso limitado a atención médica oportuna y adecuada”, sostuvo.

El organismo destacó que, en enero, tras un marcado aumento de los casos de coronavirus, el gobierno provincial incrementó sustancialmente el número de personas retenidas en los centros. “Muchas de ellas reportaron abusos”, indicó.

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