El diputado cordobés Pablo Carro presentó un proyecto que reedita la ley de Máximo Kirchner del 2020 y propone que los sectores más ricos realicen un aporte durante diez años para desendeudar al país.
El diputado cordobés -quien se abstuvo en la votación sobre el acuerdo con el FMI- propone reeditar el mecanismo de la ley aprobada en 2020 y gravar a aquellas personas con bienes en el país y en el exterior cuyo patrimonio declarado sea superior a $320 millones de pesos. Las alícuotas serían del 1,5% al 2,75%, según su iniciativa.
Aquella ley aprobada en 2020 como un impuesto “extraordinario” y «por única vez», podrá ser reescrita y en esta oportunidad, prolongada por diez años más.
“El mecanismo de la Ley de aporte solidario y extraordinario a las Grandes Fortunas resultó efectivo para morigerar el impacto de la pandemia y sostener políticas de inclusión social para los sectores más desprotegidos y la reactivación productiva de la Nación. Ahora, proponemos una imposición con una temporalidad determinada en los plazos más cercanos de la restructuración de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional”, señaló Carro.
“Necesitamos que los sectores más pudientes de la argentina sostengan un segmento de los esquemas de financiamiento público para recuperar el tejido productivo y de seguridad social en la Nación y en las Provincias argentinas”, continuó el diputado.
Presenté un proyecto de ley de Aporte Solidario y Temporario Para Mitigar el Impacto del Endeudamiento con el #FMI. ¿De qué se trata?
(abro hilo 👇) pic.twitter.com/WLIa8O7EU6— Pablo Carro (@PabloCarroOk) March 15, 2022
Para los tributaristas la extensión en el tiempo de este impuesto produce no solo una fuerte merma en los capitales de los contribuyentes que son alcanzados, sino también en las futuras inversiones en los sectores productivos.
“Este proyecto está muy vinculado a la historia de nuestra central, la CTA. Aquí la cuestión no es si se paga o no se paga la deuda con el Fondo, sino quién la paga. El presidente Alberto Fernández, al suscribir el acuerdo con el FMI, sostuvo que la deuda se irá pagando con el crecimiento; nosotros creemos que los réditos de ese crecimiento deberían destinarse a resolver los problemas de la pobreza y de la indigencia y que los sectores más ricos de la sociedad, a los que les fue muy bien en 2018 y 2019 con maniobras financieras, hagan un esfuerzo para desendeudar al país”, enfatizó el diputado.
Iván Sasovsky, socio fundador y CEO de Expansion, declaró que repetir este impuesto con el fin de pagarle al FMI sería un «grave error».
Primero, remarcó que “ya existe un impuesto patrimonial, que es Bienes Personales, por lo que cabría esperar una ola de juicios que terminen a favor de los contribuyentes”, luego hizo hincapié en el descrédito y la falta de seguridad jurídica que provoca implementar impuestos que son de una sola vez y que terminan siendo permanentes.
“Se equivoca, una vez más, el camino del crecimiento, ya que si se quiere crecer la economía hay que permitir que los que más tengan inviertan y no sacarle más por medio de impuestos. El sector privado es el único que genera riquezas, el Estado no lo hace. Y si lo que se quiere es pagarle al FMI, se necesita generar riqueza, no esquilmar a los que tienen”.
Iván Sasovsky.
El tributarista remarcó que el impuesto a la riqueza fracasó, porque no recaudó lo esperado por las propias deficiencias del proyecto. “Insistir en buscar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es un absurdo que se tiene que terminar en la Argentina”, dijo.
El Gobierno preveía recaudar alrededor de $400.000 millones; sin embargo, en diciembre de 2021, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que recolectó $237.300 millones, poco menos del 60% de lo esperado, abonado por más de 10.000 personas.
“Ni en el país más populista del mundo este proyecto tendría chances de ser considerado como algo viable. A poco que uno analiza de qué se trata, se da cuenta inmediatamente que es una copia textual del anterior que fue el aporte solidario, pero esta vez directamente se propone en pocos años aniquilar los patrimonios por encima de USD 1,6 millones. Si bien en todos los países suelen presentarse proyectos impracticables, en estos dos años, este Gobierno batió records de establecer medidas tributarias extravagantes”, alertó Diego Fraga, especialista en derecho tributario.
