Líneas aéreas advierten que habrá miles de varados en el exterior tras el nuevo DNU


Peter Cerdá, vicepresidente regional de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, dijo que el país se aísla cada vez más. Piden reunión urgente con el Gobierno.

Después de que se conociera el nuevo decreto de necesidad y urgencia que prorrogó el cierre de fronteras con algunos países y redujo el cupo diario de pasajeros internacionales de 2000 a 600 para intentar contener la propagación de la variante delta de coronavirus, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) pidió con urgencia una reunión con el Gobierno y advirtió que “miles” de ciudadanos y residentes argentinos corren el riesgo de quedar varados en el extranjero por las nuevas restricciones.

Argentina ya había puesto un tope de 2000 pasajeros diarios que podían llegar en vuelos internacionales. Esto había obligado a las compañías aéreas a reducir y a modificar drásticamente sus horarios. Pero, según el último decreto emitido el viernes por el Gobierno, desde mañana sólo se permitirá la llegada de 600 pasajeros al día en vuelos internacionales.

Desde Transporte habían sugerido que las compañías dispusieran de aviones con menor capacidad, lo que en las empresas consideran inviable, por tratarse de vuelos internacionales, en muchos casos intercontinentales y de largo recorrido.

Además, el nuevo límite, que prácticamente puede completarse con dos vuelos diarios, haría inviable para las empresas mantener un número de servicios adecuado o mantenerlos con tasas de ocupación bajísimas y económicamente ruinosas

Un problema, dicen desde las empresas privadas, son los privilegios de Aerolíneas Argentinas, que prácticamente dejaría afuera a las restantes compañías.

Según el nuevo DNU, en la nueva fase, el Gobierno dispuso que hasta el 9 de julio las fronteras sigan cerradas al turismo y se mantienen suspendidos los vuelos provenientes del Reino Unido, Chile, Brasil, la India, los países de África y Turquía.

Además, los argentinos que regresen desde el exterior entre el 1 de julio y el 31 de agosto deberán aislarse en lugares que determinen los gobiernos provinciales y de CABA, durante 10 días, contados desde el testeo realizado en el país de origen.

En todos los casos, los costos estarán a cargo de los pasajeros y el Gobierno ha advertido que controlará el cumplimiento del período de aislamiento domiciliario y radicará denuncias penales en caso de verificarse incumplimientos, invocando los artículos 205 y 239 del Código Penal, “por violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública”, que contemplan penas de prisión de 6 meses a 2 años y de 15 días a 1 año, respectivamente.

Para ser autorizados, quienes viajen deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina, testearse también al llegar y nuevamente al séptimo día de ingreso. Los “negativos” deberán cumplir con el aislamiento y los positivos hacerse un testeo de “secuenciación genómica” (para detectar la variante del virus) y, junto con sus contactos estrechos, aislarse en lugares indicados por las autoridades.

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