La presentación la hizo su abogado, dos días antes de que el ex presidente tenga que volver a declarar.
El abogado de Mauricio Macri, Pablo Lanusse, recusó este lunes al juez federal de Dolores Martín Bava tras la fallida indagatoria de la semana pasada en la que el magistrado cometió un serio error al no pedir que le levanten el secreto de inteligencia.
La recusación fue presentada dos días antes de que tenga que declarar nuevamente en el aso por presunto espionaje ilegal de los familiares del ARA San Juan.
Para la defensa el magistrado dejó de manifiesto «una vez más, su parcialidad» y se centró en «el error del juzgado» del jueves pasado cuando se suspendió la audiencia por no contar con el relevamiento de inteligencia requerido en estos casos, «algo que el juez sabía y durante 22 días no hizo nada», señalaron desde el entorno del ex presidente.
Más específicamente, el abogado habló de “un hecho bochorno de tal naturaleza vergonzante y de falta de respeto no solo hacia el Sr. Mauricio Macri y esta defensa, sino hacia toda la sociedad que se vio consternada de su proceder, destruyendo su credibilidad como Magistrado de la Constitución Nacional reforzando nuestro temor fundado de parcialidad, todo lo cual aconseja y hace necesario el apartamiento del Sr. Juez subrogante Dr. Martín Bava no recuerdo”, sostiene el escrito.
En la recusación presentada este lunes, la defensa de Mauricio Macri consideró que el juez Bava no respetó ni cumplió ninguna de las recomendaciones formuladas por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata cuando la semana pasada lo confirmó frente al caso.
«El juez Bava se apartó” de los criterios establecidos por el tribunal de Alzada, consideró el abogado, y punteó una serie de advertencias que habían sido formuladas, como por ejemplo el apartado que lo instaba al magistrado a «no olvidar que los Magistrados judiciales deben actuar con el recato y la mesura pertinente que las circunstancias particulares aconsejen».
Recordó otro aspecto indicado por la Cámara de Apelaciones: «Es entonces necesario que su proceder plasmado en el expediente judicial no contribuya a alentar ninguna clase de suspicacia que pueda estar teñida de supuestos no claramente expresados».
El jueves pasado después de leerle la imputación que consta de seis hechos de presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan tras la tragedia que se cobró la vida de 44 tripulantes en 2017, el juez Bava señaló que 22 días antes a la AFI le dijo que era por «delegación presidencial» que debía resolverse el levantamiento del secreto para Mauricio Macri. «No resulta posible relevar de la obligación de guardar secreto a quien fue titular de la facultad establecida por la ley».
La única posibilidad de relevar a Macri para que pudiera ser indagado sobre cuestiones vinculadas a la inteligencia nacional, era que se lo solicite el juzgado al presidente Alberto Fernández. Así lo explicó la interventora de la AFI el 6 de octubre. Al no contar con ese relevamiento, Pablo Lanusse con el aval del fiscal Juan Pablo Curi, pidió la suspensión de la audiencia.
«A partir de lo ocurrido en la audiencia convocada por el Sr. Juez Bava del pasado 28 de octubre de 2021» se firmó «el pedido dirigido al Poder ejecutivo Nacional» pidiendo el relevamiento del secreto de inteligencia. Al día siguiente, el magistrado fijó una nueva fecha de indagatoria. «El juez actuó sin moderación; mesura; adecuada compostura; objetividad; imparcialidad; ecuanimidad; rectitud; recta administración de justicia; recato; despojado de cualquier injerencia extraña; independencia ni estilo moderado», determinó la defensa en la recusación.
Al analizar lo ocurrido, Pablo Lanusse expuso que en su proceder el juez de Dolores instaló la «suspicacia, sospecha de injerencia externa, teñida de supuestos no claramente expresados, intereses políticos o de cualquier otra naturaleza no legal». Esto pone en crisis, dice el escrito, el criterio de «imparcialidad e independencia con que debe actuar como garantía esencial en favor del Sr. Mauricio Macri y de esta defensa, además del prejuzgamiento en que incurrió producto de su sumisión a esa injerencia externa e intereses políticos que enceguecen su actuación».
En esa misma línea, la defensa del ex presidente señaló que a la luz de los acontecimientos de la semana pasada, «tenemos la inamovible convicción y certeza de encontrarnos ante un Magistrado que ha roto su confianza y que se ha despojado de su investidura de Juez de la Constitución Nacional para colocarse un triste y repudiable ropaje que aniquila su condición de imparcial e independiente y obliga, ante la trascendencia y gravedad de lo ocurrido, a que se disponga su apartamiento».
Para el juez Bava las acciones de espionaje que se investigan en el expediente fueron de carácter ilegal y «no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri».
Por ese motivo lo imputó y llamó a indagatoria bajo la premisa de que existieron tareas de inteligencia de carácter ilegal que -a su criterio- «no contaron con autorización judicial alguna».
Al no desconocer que el ex mandatario se encontraba con una agenda pública fuera del país, le fijó una nueva fecha: el 21 de octubre. Para entonces ya había sido notificado el 6 de octubre por parte de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que la única posibilidad de relevar a Macri, para que pudiera ser indagado sobre cuestiones vinculadas a la inteligencia nacional, era que se lo solicite el juzgado al presidente Alberto Fernández.
Sin embargo, el juez Bava no requirió dicho trámite al jefe de Estado sino hasta el 28 de octubre cuando finalmente, tras conceder una prórroga porque recién había arribado al país, Mauricio Macri se presentó en el juzgado de Dolores.
