El Gobierno de Paraguay advirtió hoy que no descarta la posibilidad de exigir una reparación moral y económica ante los «agravios infringidos» con la suspensión del país en el Mercosur y reiteró su rechazo al ingreso pleno de Venezuela.
El bloque regional, que también oficializó el 31 de julio último el ingreso pleno de Venezuela sin el aval de Paraguay, decretó esa sanción al considerar que se produjo un «quiebre democrático» con la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo a través de un juicio político en el Legislativo, el 22 de junio pasado.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) también decidió suspender a Paraguay el 29 de junio pasado.
La Cancillería calificó la sanción del Mercosur como «injusta e ilegítima», al momento de reiterar que al país se le negó la posibilidad de participar en las deliberaciones y ejercer su derecho a la defensa.
La ratificación de la postura gubernamental tiene por objeto dejar en claro y salvaguardar la posición del país, «sin perjuicio del posible recurso a otras vías para la resolución de la controversia surgida con tal motivo», subrayó el organismo diplomático.
Advirtió, además, que cualquier «decisión, resolución, directiva o disposición» que adopte el bloque regional podrían ser calificado como ilegítimo hasta tanto rija la suspensión a Paraguay.
«Paraguay, sin renunciar al derecho de recurrir por las vías y ante las instancias que correspondan en reclamo de sus derechos conculcados, insta a los Gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay al diálogo entorno a los acontecimientos» que son «objeto de la protesta», añade el documento que fue remitido el viernes a las embajadas de esos países en Asunción.
El presidente paraguayo, Federico Franco, quien se desempeñaba como vicepresidente del país cuando asumió en sustitución de Lugo, confirmó el día 7 pasado la contratación de un equipo jurídico de Estados Unidos para analizar la posibilidad de plantear una demanda contra la suspensión ante el Tribunal de La Haya.
Franco, que inicialmente había descartado la posibilidad de que su Gobierno, que concluirá el 15 de agosto del año próximo, recurra a ese tribunal, consideró cuando hizo ese último anuncio que sería importante dejar un precedente, aunque reconoció que sería difícil que este trámite ayude a «menguar la situación» actual.
