Ordenan detener a Aida Ayala, diputada de Cambiemos, por lavado


Fue intendenta 12 años de Resistencia e integró hasta fines de 2017 el Gabinete macrista. Las irregularidades de gestión complican su situación ante la justicia.

Aida Ayala es diputada nacional por Chaco en Cambiemos y podría perder sus fueros para ser detenida por la Justicia de su provincia, que la investiga por presunto lavado de dinero.

El fiscal Patricio Sabadini ya pidió al juez de la causa la detención. Ayala, dirigente de la UCR, fue elegida diputada por el Chaco en las elecciones de 2017 y hasta diciembre pasado ocupó el cargo de secretaria de Asuntos Municipales de la Nación en el Gabinete del presidente Mauricio Macri.

Anteriormente, fue intendenta durante 12 años de Resistencia, capital de su provincia, cargo que dejó en 2015.

En la actualidad, la legisladora preside la Comisión de Economías Regionales y es una de las principales candidatas que tiene el Presidente para cubrir la gobernación en 2019.

En 2014 fue denunciada por diputados del PJ de Chaco por lavado agravado de activos, evasión, asociación ilícita y administración fraudulenta por las irregularidades en la contratación de la empresa Pimp SA por $500 millones para la recolección de residuos.

Las sospechas comenzaron porque efectuó la contratación un año antes de abandonar su gestión, habiendo estado 11 años a cargo.

Además, la empresa no posee ninguna experiencia en el rubro y, curiosamente, uno de los socios de PIMP es Alejandro Fischer, ex yerno de Ayala.

Fischer ya fue detenido hace un mes por la misma causa y los vínculos entre ambos no terminan allí: el ex yerno es apoderado de la Fundación Construir, creada por la funcionaria. La Justicia sospecha que la fundación era utilizada en el círculo del lavado.

Mientras tanto Ayala afirmó: “Confío en el sistema judicial, mi intención es allanarles el camino para que investiguen lo más rápido que puedan sin trabas algunas. He hablado con la jueza y me he puesto a disposición, no me amparo en los fueros, estoy viajando para el Chaco”.

Según consignan medios de su provincia, cuando dejó el puesto, el Tribunal de Cuentas realizó un informe en donde detectó irregularidades como el incremento de personal y pases a planta masivos sin concurso, pasando de 3179 personas en septiembre de 2014 a 5514 en noviembre de 2015.

Además encontraron falta de respuestas ante informes solicitados por el mismo Tribunal; una deuda de $689 millones, con un incremento de 76 millones en los últimos diez días de gestión, órdenes de compra duplicadas con códigos diferentes, para el mismo proveedor y por el mismo concepto, contrataciones directas sin concurso de precios, obras de rehabilitación de calles de tierra con provisión de ripio que no se hicieron, uso indebido del Fondo Federal solidario y emisión de cheques durante los últimos días de gobierno sin certificación de servicios.

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