Un enfermero neuquino que golpeó y amenazó de muerte a su pareja no irá a juicio. Se prioriza la situación económica de los hijos que lo necesitan como sostén económico.
El pasado 12 de diciembre, a las 6am, un enfermero de Neuquén ejerció violencia física, psicológica y verbal contra su pareja, en la vivienda que compartían junto a sus cinco hijos.
El acusado amenazó a su pareja con un machete. Ella había estado reunida con un grupo de mujeres con las cuales jugaba al fútbol y él decía que lo engañaba con alguna de ellas.
«Le dio golpes de puño en el rostro, patadas en las piernas, y le provocó hematomas en el brazo», describió el funcionario fiscal Marco Lupica Cristo.
Una de las hijas llamó a una amiga que a su vez alertó a la policía. Cuando los efectivos llegaron a la vivienda encontraron al enfermero amenazando de muerte a la víctima con una carabina.
Los hechos fueron calificados como «amenazas agravadas por el uso de armas y lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género».
Lupica Cristo reconoció que «fue un hecho muy grave» y que «no fue una conducta aislada, se dio en un contexto de violencia de género, con conducta celopática, y de violencia psicológica» por parte del enfermero.
A pesar de esto, la víctima pidió desde el primer momento que no vaya preso. La razón: los cinco hijos que tienen en común lo necesitan como sostén afectivo y económico. Ella trabaja como empleada doméstica y él hace aportes económicos cada vez que puede.
Primeramente, al acusado se le colocó una tobillera dual. En una audiencia realizada este jueves, la jueza Carina Álvarez preguntó por cuánto tiempo sería, a lo que el fiscal explicó que lo dispuso un juzgado de Familia «sine die», es decir, sin plazo definido: «Usualmente lo están haciendo así, hasta que cese la violencia», agregó.
«Es alarmante lo que me está diciendo», reaccionó la jueza. «Le pido a su ministerio que arbitre los medios para evitar la sujeción sine die de una persona, más allá de lo que generó esa medida cautelar».
Así es que el fiscal y la víctima trabajaron en un acuerdo para que el agresor no vaya preso, con el fin de proteger a los hijos que necesitan de él tanto económica como emocionalmente. Las edades de los niños van desde los 8 a los 20 años.
«Empezamos a trabajar desde la óptica del interés superior del niño. La intención es que el imputado pueda revisionar todas estas conductas para deconstruirlas desde ahora para vincularse con sus hijos de otra manera», explicó Lupica. También agregó que «el riesgo mermó significativamente. No hubo ningún hecho nuevo, y la denunciante nos dijo que les cinco hijes que tienen en común querían ver a su padre».
La jueza Álvarez homologó el acuerdo y dispuso la suspensión de juicio a prueba por un año. «Se debe tener en cuenta el interés superior de los cuatro menores de edad, que deben seguir teniendo contacto con usted», dijo dirigiéndose al imputado.
«El vínculo no sólo es afectivo sino también económico. Usted debe ayudar a satisfacer las necesidades básicas de los niños», agregó.
