La víctima renunció a continuar con la acusación pero la causa continúo por la gravedad de los hechos y el estado de vulnerabilidad de la víctima.
Un joven de 25 años, de Rincón de los Sauces acusado por apuñalar, golpear, amenazar de muerte a su pareja y violar la perimetral que existía para proteger a la mujer fue condenado a mudarse al norte neuquino y someterse a tratamiento tras un acuerdo entre partes. La fiscalía pudo arribar a una condena, a pesar de la renuencia de la víctima para continuar con la acusación.
El hombre había sido acusado por el intento de femicidio de quien era su pareja el pasado 8 de marzo. El hecho se había desencadenado cuando compartían un almuerzo con otras personas en su viviena y, en medio de una discusión comenzó a golpear a la mujer tras lo cual le lanzó un cuchillo grande de cocina que dio en su pecho. Por fortunio no llegó a afectar órganos vitales de la víctima.
A raíz de esa acusación y con el fin de proteger a la mujer y resguardar la investigación, el agresor fue puesto tras las rejas con prisión preventiva. La medida fue morigerada sólo un mes más tarde por pedido del defensor José Quintero debido a que la víctima comenzó a retractarse de su relato y a restarle gravedad, llegando a manifestar que no quería avanzar con la causa, sumado a los dichos de un testigo que afirmó que todo había sido un accidente y el cuchillo no estaba dirigido a la mujer.
En esa oportunidad, la fiscalía no se opuso al pedido de morigeración pero sí señalaron que se debería realizar una pericia psicológica a la mujer para determinar que su relato no estuviera viciado: es decir, que no sea el resultado mismo de encontrarse presa del círculo de violencia.
La vulnerabilidad de la víctima volvió a hacerse evidente un mes más tarde, puntualmente el domingo 23 de mayo, cuando la mujer y el acusado salieron a andar en moto a pesar de las restricciones de la Justicia, y la víctima volvió a sufrir hechos de violencia por parte del sindicado. Es que el hombre la tiró del rodado y la golpeó, para luego amenazarla de muerte en presencia de la Policía que acudió a asistirla.
Este hecho le valió al agresor nuevos cargos, esta vez por lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género, y se lo volvió a poner en prisión preventiva para proteger a la víctima.
A mediados de este mes, la fiscal Rocío Rivero y el asistente letrado Pablo Javega consiguieron el aval para avanzar al juicio oral con la causa, a pesar de que la víctima finalmente renunció a su rol de querellante mediante un escrito, tras manifestar en oportunidades previas no querer avanzar con la causa.
Las pericias dejaron en evidencia la vulnerabilidad de la mujer. Indicaron que «presenta una desnaturalización de la violencia, minimización y negación de la misma. Justifica las agresiones sufridas y traslada la responsabilidad a sí misma. Se trata de una mujer extremadamente vulnerable, cuya integridad se ha intentado cautelar desde el 8 de marzo hasta la fecha».
Sin embargo, el debate no alcanzó a ser agendado ya que las partes arribaron a un acuerdo pleno de responsabilidad y pena, el cual presentaron este viernes por la mañana ante el juez Lucas Yancarelli.
Finalmente, las partes y el acusado aceptaron que se dicte la responsabilidad de este último por los delitos de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y el contexto de violencia de género (dos hechos), amenazas simples, y desobediencia a una orden judicial.
Para acordar la pena, que se fijó en un año de prisión de cumplimiento condicional, se tuvieron en cuenta ciertos atenuantes (reconocimiento de la autoría del acusado, educación primaria incompleta, vulnerabilidad económica, acceder a someterse a tratamiento y dejar la localidad), y agravantes (vulnerabilidad de victima, falta de apego a la ley del agresor).
Las reglas de conducta que deberá cumplir el violento para evitar la cárcel estarán vigentes por dos años e incluyen: fijar residencia en Chos Malal; abstenerse de concurrir al domicilio de la víctima, acercarse a menos de 100 kilómetros de ella y/o contactarla por cualquier medio; no abusar del consumo de alcohol ni estupefacientes; someterse a un tratamiento psicológico con especial abordaje en violencia de género y familiar que deberá informar de sus progresos cada seis meses; someterse a comparendos semestrales ante la Dirección de Población Judicializada; y sumarlo al registro provincial de violencia.
Tras manifestar cada una de las partes su conformidad con lo expuesto, el juez Yancarelli resolvió homologar el acuerdo y así sentenció al violento según lo manifestado. Dado que las partes renunciaron a los plazos de Impugnación, la sentencia quedará firme en los próximos días.
