Sólo un 1 mes de prisión en suspenso a ex empleado y policías que avisaban de operativos por venta de alcohol clandestino


La Municipalidad apelará la sentencia impuesta por la jueza Ana Malvido a un ex empleado municipal y tres policías provinciales que le avisaban con anterioridad al propietario de un comercio los allanamientos que se iban a realizar por venta de alcohol clandestino en un local de Belgrano 2346.

“En un fallo que es una cachetada a la sociedad, la jueza de Garantías Ana Malvido, aplicó la pena mínima y dictó solamente en mes de prisión en suspenso e inhabilitación por un año para ocupar cargos públicos a Héctor Aznal (ex empleado municipal) y los policías Guillermo Campos, Carlos Vergara y Hernán Castillo para ocupar cargos dentro de la provincia y específicamente en la policía también por un año”, resumió Javier Pino, asesor legal del municipio.

“Vamos a impugnar esa sentencia y presentaremos la apelación porque esto es inadmisible, nosotros pedimos el máximo y le dieron el mínimo, porque consideramos que esa pena no es justa para todo lo que implicó el caso”, explicó Pino.

“No estamos conformes con esa sentencia de determinación de pena en esta segunda etapa. La jueza minimizó el hecho y hasta pone en duda que se trate de un caso de corrupción cuando todas las pruebas mostraron claramente que así era», dijo el abogado.

En este contexto explicó que no están de acuerdo con la sentencia porque “el comerciante implicado, vendió alcohol en forma clandestina a menores de edad, y durante más de dos años nos estuvieron tomando el pelo porque estas personas le avisaban de los allanamientos que se iban a realizar”, dijo Pino en referencia a que tanto el ex empleado municipal como los policías implicados se encargaban de “avisar del procedimiento, lo ayudaban a sacar todo, mercadería, freezer, heladeras y cuando llegaban nuestros inspectores no encontraban nada”.

«Se hizo la denuncia penal desde la Municipalidad por instrucción del intendente Quiroga. Con una fuerte decisión con el doctor Marcelo Jara, y a través del departamento de Delitos Económicos de la propia policía se logró hacer los allanamientos, requisas de celulares, grabaciones, mensajes de textos, escuchas telefónicas que lograron completar la investigación y demostrar que el empleado municipal le adelantaba con los llamados telefónicos los allanamientos”, recordó Pino.

“Cuando los inspectores de la Municipalidad iban a pedir ayuda a la Comisaria Tercera los hacían esperar una hora, y mientras tanto los tres efectivos implicados le alertaban al comerciante sobre el procedimiento a través de mensajes que le decían “andá cerrando”. Entonces cuando llegaban nuestros inspectores no encontraban nada”.

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